Las llagas del Ulster siguen abiertas por los atroces crímenes cometidos por los británicos

Una jueza católica llamada Siobhan Keegan abrió este lunes en Belfast la investigación judicial sobre la muerte de 10 civiles en Ballymurphy por disparos del Ejército británico, hace 47 años. Si la magistrada decide que las víctimas murieron por acciones ilegales, el veredicto podría llevar al procesamiento de ex-militares.

La investigación durará unos 6 meses y convocará a decenas de testigos. Los hechos ocurrieron a lo largo de 3 días, coincidiendo con la “Operación Demetrius”, que desde las 4:00 de la madrugada del 9 de agosto consistió en el despliegue de policías apoyados por soldados para encarcelar sin juicio previo a 342 sospechosos de pertenecer al IRA, que había iniciado un año antes su campaña armada contra las fuerzas de seguridad británicas y contra paramilitares protestantes.

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Mural elaborado en recuerdo a las víctimas de Ballymurphy.

Al extenderse en los vecindarios católicos y republicanos la noticia de la redada, se levantaron barricadas y se produjeron graves disturbios. Hubo explosiones de bombas, disparos y enfrentamientos callejeros. También en Ballymurphy, un distrito del oeste de Belfast, bastión de los republicanos irlandeses, afectado por el desorden desde agosto de 1969.

Soldados del Regimiento Paracaidista británico, apostados en diferentes puntos del barrio, habrían matado entre otros a un joven de 19 años llamado Francis Quinn cuando asistía a un herido; al sacerdote Hugh Mullan, de 38, que acudió al mismo lugar con un pañuelo blanco tras advertir a las autoridades militares; a una madre de 8 hijos llamada Joan Connolly…

Los familiares de los fallecidos han mantenido una larga campaña para reabrir una investigación que la Policía Militar cerró en 1972 exonerando a los soldados, quienes alegaron que las víctimas utilizaron sus armas o cayeron como consecuencia del fuego cruzado. Han investigado con materiales forenses lo ocurrido en aquellos días con gran detalle.

Un documental emitido por la cadena de televisión británica “Channel 4” avalaba recientemente la inocencia de las víctimas y ofrecía una explicación alternativa.

Un oficial del Ejército británico llamado Frank Kitson había elaborado, tras su experiencia contrainsurgente en Malasia y Kenia contra sus respectivos movimientos de liberación nacional, una estrategia de combate en guerras de baja intensidad que incluía intimidaciones sistemáticas a la población civil. El mismo Regimiento de Paracaidistas mató a 14 personas un año después en Derry, reprimiendo una manifestación inicialmente pacífica, en un hecho que después sería tristemente conocido como “Bloody Sunday” o Domingo Sangriento.

Aunque parece indudable que la guerra híbrida – combinando medios políticos y represión tanto legal como ilegal de la resistencia armada – logró mermar drásticamente la operatividad del IRA Provisional en las décadas posteriores, aquellas masacres agudizaron el conflicto armado.

Según la base de datos de Malcolm Sutton, en el Archivo del Conflicto de Irlanda del Norte en Internet (CAIN), en 1969 hubo 16 víctimas mortales; en 1970, 26; en 1971, 171; en 1972, 480; en los 4 años siguientes, 1.100. Lo ocurrido en Derry y Ballymurphy es parte importante del nudo argumental que justifica al IRA, que mató a casi la mitad de las 3.500 víctimas del conflicto.

El gobierno conservador de Edward Heath envió al Ejército británico a las calles católicas y republicanas de Irlanda del Norte en 1969 y las imágenes de aquel tiempo muestran a vecinos católicos recibiendo a los soldados como protectores, ofreciéndoles té y simpatía. El IRA se escindió entre una tendencia izquierdista que rechazaba la lucha armada y otra, el IRA Provisional, con experiencia militar y haciendo acopio de armas.

Un francotirador del IRA mató por primera vez a un soldado, Robert Curtis, de 20 años, en febrero de 1971, cuando controlaba unos disturbios. Asesinó días después a 6 civiles protestantes con una bomba contra su vehículo. Antes del 9 de agosto se había cobrado 19 vidas, entre ellas las de 10 soldados británicos. El Ejército británico había matado a 7: dos miembros del IRA y 5 civiles en disturbios.

Mandos militares no han logrado que el Gobierno británico apruebe una ley que limite la responsabilidad penal de sus soldados por el tiempo transcurrido desde los hechos. Se quejan de su desventaja con respecto a las investigaciones de los crímenes del IRA porque el Ejército guarda registros de su actividad. La jueza Keegan se ha quejado de la falta de colaboración por parte de las instituciones militares británicas para proveer documentos.

Ministros británicos han explorado la posibilidad de una amnistía como la que se aprobó en España en 1977, para poner fin a la carga de las investigaciones históricas. Grupos de víctimas no lo aceptan, y la reconstrucción de las instituciones norirlandesas del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 tropieza con el desencuentro entre los unionistas del DUP (socios de gobierno de Theresa May en Londres) y el Sinn Féin (asociado al IRA) sobre cómo tratar el “legado” del conflicto.

FUENTE: “El Comercio”

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