Lo que está en juego en Argentina: una mirada histórica

Por Iago Lestegás

Desde la década de 1930 Argentina intentó romper con la dependencia industrializando su economía agroexportadora a través de la sustitución de importaciones, agregando valor a las materias primas y produciendo las manufacturas que importaba a precios cada vez más elevados con las divisas obtenidas de la depredación de sus recursos naturales. Conocido como “desarrollismo” o “estructuralismo”, este paradigma trataba de detener el drenaje de recursos de la periferia al centro y tuvo considerable éxito en las décadas de 1950 y 1960 en Argentina, Chile, Brasil y México. Ante la ausencia de una élite nacional comprometida con el desarrollo de su país, el Estado dirigió la industrialización a través de la planificación, el estímulo a la demanda y a la expansión del mercado interno, la construcción de infraestructuras y la limitación de importaciones competidoras. En la década de 1960, la industria era ya el sector dominante en la economía y las condiciones de vida habían mejorado en todo el Cono Sur.

Sin embargo, el modelo entró en crisis en la década de 1970. La necesidad de divisas procedentes de la agroexportación para importar insumos industriales blindó los privilegios de la oligarquía terrateniente y perpetuó el problema del déficit derivado de los términos del intercambio desigual y de la inserción subordinada de América Latina en el capitalismo global. El intento de corregir los desequilibrios emitiendo deuda y abrazando la inversión extranjera profundizó la dependencia. El ascenso social expandió la clase media, incrementó las expectativas, dejó demandas insatisfechas, destruyó identidades de clase y motivó el intento de diferenciarse de los orígenes más pobres imitando los comportamientos de los sectores dominantes.

Tras su agotamiento, el desarrollismo sería sustituido en la década de 1970 por el modelo neoliberal propulsado por la Crisis del Petróleo de 1973. El precio del crudo se disparó y, con él, los ingresos de los países de la OPEP, que depositarían sus petrodólares en los bancos de Nueva York. Ante la recesión que sufría el Norte, éstos decidieron financiar los déficits de los países periféricos con los petrodólares que se acumulaban en sus cuentas y que inundarían América Latina gracias a la cruzada de Ronald Reagan y Margaret Thatcher a favor del libre flujo de capitales. Sujetos a las tasas de interés de la Reserva Federal de EEUU, los préstamos dejaron el continente a merced de la voluntad de Washington. Arrancaba así el ciclo infinito del endeudamiento.

En 1976, la dictadura militar puso en marcha en Argentina la maquinaria neoliberal que seguiría en pleno funcionamiento durante la frágil democracia de las dos décadas siguientes. Como sugiere Klein en La Doctrina del Shock, el terrorismo de Estado atemorizó a la población y permitió la implementación de medidas inspiradas en el fundamentalismo del libre mercado que dilapidarían los avances del desarrollismo y concentrarían más riqueza en los bolsillos privilegiados. En 1982, un año antes del regreso de la democracia, la Junta Militar estatizó la deuda privada de empresas y bancos en un proceso de masiva socialización de pérdidas privadas que incluyó millones de dólares que debía el Grupo Macri. El actual candidato presidencial, beneficiario del traspaso de la deuda de su conglomerado empresarial al Estado, se postula hoy a presidir el mismo en nombre del manejo eficiente de los recursos públicos y del pago de las deudas contraídas.

La débil democracia de Raúl Alfonsín recibió en 1983 una mochila insoportable y no tardó en ser atacada por la oligarquía local y acosada por el sistema financiero internacional. El primer factor que desencadenó la crisis de deuda e hiperinflación de la década de 1980 en toda la región fue la aceptación, bajo presión del FMI y el Banco Mundial, de las enormes deudas ilegítimas contraídas por las dictaduras. En 1981, la decisión de Volcker al frente de la Reserva Federal estadounidense de disparar las tasas de interés multiplicó la deuda argentina y las de toda la región, obligando a los Estados a adquirir nuevas deudas para pagar parcialmente las viejas.

Tras la renuncia de Alfonsín en 1989, Carlos Menem inauguró el ajuste estructural. El fracaso de sus medidas contra la inflación motivaría la designación de Domingo Cavallo como Ministro de Economía, persona del agrado del establishment que presidía el Banco Central de la República Argentina cuando la dictadura estatizó la deuda privada. En nombre de la estabilidad macroeconómica y del control inflacionario – tema central hoy en la campaña argentina – este apóstol del neoliberalismo instauró la convertibilidad, atando el valor del peso argentino al del dólar y privando al Gobierno del control sobre su política monetaria, de modo similar a lo que ocurre hoy en la Eurozona. Ante la incapacidad de emitir moneda o ajustar su valor a las necesidades, la convertibilidad fue sostenida hasta su colapso en 2001 por medio del remate del patrimonio público y la emisión masiva de deuda externa, especialmente con el FMI, que se convertiría en amo y señor de Argentina. Bajo su tutela se impusieron la flexibilización laboral, la desregulación financiera, la regresión fiscal, la devaluación, la liberalización de precios y del mercado de capitales, la reducción del Estado, el recorte brutal de la inversión pública y la privatización masiva.

Ya durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y con la colaboración de actuales dirigentes de la derecha argentina, las maniobras financieras sobre la deuda conocidas como “blindaje” y “megacanje” permitieron amasar millones de dólares a la banca nacional e internacional. A continuación, el sistema económico construido sobre el endeudamiento y la destrucción del Estado social se derrumbó sobre millones de argentinos, aunque no sobre quienes habían puesto a buen recaudo sus riquezas en el extranjero, las cuales se multiplicarían con la megadevaluación decretada por Eduardo Duhalde en 2002.

Al año siguiente, con un país devastado y ante una sociedad que gritaba: “¡Que se vayan todos!”, Néstor Kirchner se puso al frente de un Estado desmantelado e inició el retorno al desarrollismo de la posguerra. Como entonces y durante los siguientes 12 años, un Estado fuerte promovería la industrialización sustitutiva, estimularía la demanda interna, impulsaría la creación de millones de puestos de trabajo, expandiría y fortalecería a la clase media, otorgaría derechos y asistiría a los más vulnerables. Los gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández reformularon de este modo el modelo que había llevado a Argentina a su mayor nivel de desarrollo y bienestar hasta que fue dinamitado en la década de 1970. Y esto es, justamente, lo que podría volver a ocurrir.

En la economía argentina, y en la latinoamericana en general, hay sólo dos cajas de herramientas, y cada proyecto político maneja una de ellas. Una contiene industrialización, derechos, soberanía y trabajo; la otra, ajuste, privatización, subordinación y desempleo. El análisis de los ciclos económicos permite concluir que una hipotética presidencia de Mauricio Macri recuperaría el modelo que colapsó en 2001. En efecto, poco después del resultado electoral del pasado 26 de octubre, mientras Wall Street festejaba, mientras las acciones de los bancos que operan en Argentina se disparaban y las cotizaciones del Banco Hipotecario a través del que se conceden los créditos estatales de vivienda se hundían, fondos estadounidenses ofrecieron al candidato derechista abundante financiación para gobernar con tranquilidad ante la expectativa de una nueva etapa de desmantelamiento del Estado y desvalijamiento del país.

Cuarenta años después, la frustración generada por demandas insatisfechas y necesidades creadas durante 12 años de progreso y ascenso social puede truncar nuevamente un proceso de desarrollo que requiere ser sostenido para vencer los impedimentos estructurales de América Latina, y puede volver a situar el país en la casilla de salida de un juego en el que ganan muy pocos y pierden muchos.

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