El dinero del wahabismo de Arabia Saudí y Qatar en España (parte 1)

Una de las causas más importantes para evitar el odio a los musulmanes es identificar correctamente a los responsables de que el discurso integrista y radical cale entre algunos de sus miembros. Tan irresponsable es incidir en la generalización sobre los musulmanes como pasar por alto la importancia de ideologías religiosas intolerantes que financian, promueven y difunden un mensaje de odio que no tiene cabida en una sociedad abierta y democrática. El wahabismo y el salafismo son dos corrientes diferentes sunníes pero imbricadas por un mismo concepto: el takfirismo, que significa la expulsión del distinto, no concebir al resto de musulmanes como “verdaderos” y el rechazo al que no practica ni su religión ni su misma acepción de la misma. En esencia, el wahabismo y el salafismo son discursos de odio.

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El Rey de España, Felipe VI, durante una de sus más recientes visitas de Estado a Arabia Saudí.

Arabia Saudí es, junto a Qatar, uno de los países difusores más importantes de la corriente fundamentalista del wahabismo. La visión del Islam wahabí de su profeta Muhammad ibn Abd Al-Wahhab, que data del siglo XVIII, preconizaba un ideario mucho más riguroso para todos aquellos musulmanes que según él se habían desviado del verdadero mensaje del Islam. La unión de esa visión integrista del Islam y Arabia Saudí se dio en el año 1744 por el acuerdo pactado entre el predicador y Muhammad bin Saud, fundador de la dinastía Saud a la que hoy pertenecen los sátrapas del Estado actual de Arabia Saudí.

“La exportación por parte de Arabia Saudí de una rama rígida, fanática, patriarcal y fundamentalista del Islam conocida como wahabismo, ha alimentado el extremismo global y contribuido al terrorismo”, analizaba Scott Shane en un artículo en “The New York Times”. La visión extrema del Islam coaligada con la dictadura saudí ejerce una dramática influencia sobre el yihadismo dependiente de la corriente salafista, que persigue devolver La Meca a unos postulados utópicos de “pureza” islámica.

Por ello, paradójicamente, el terrorismo de raíz salafista actual es una serpiente venenosa creada por la visión dogmática de la religión que alimentan los Estados wahabitas de Arabia Saudí y Qatar, y que creció con el anti-imperialismo, pero que no dudaría en matar a su creador si tuviera la oportunidad de conquistar La Meca.

Wahabismo en España

La mezquita de la M-30 (o Centro Cultural Islámico de Madrid) fue inaugurada el 21 de septiembre de 1992 con la presencia del entonces rey saudí Salman ben Abdelaziz y el entonces rey español Juan Carlos I. La inauguración se produjo 11 años después de un acuerdo al que habían llegado 18 países musulmanes con presencia diplomática en España y sólo después de que el rey Fahd de Arabia Saudí hubiera puesto 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) para la construcción del complejo de 6 plantas y más de 12.000 metros cuadrados.

El actual imam de la M30, Hussam Khoja, se ha pronunciado en diferentes ocasiones en contra de la violencia y contra la visión integrista y rigorista que nutre a los terroristas salafistas y el Estado Islámico, enarbolando su independencia ante el dinero wahabí que financia la mezquita pero ejerciendo el discurso implantado y gestionado desde la Liga del Mundo Islámico, la coalición islámica internacional que dirige la mezquita. El anterior imam, Moneir Mahmud, un sunní de nacionalidad egipcia que ejerció de profesor e imam en Arabia Saudí, siempre ha rechazado la influencia wahabí en su discurso y también sufrió el desprecio de los asistentes más radicales a su mezquita por sus discursos contra Abu Qutada, un clérigo radical próximo a Al Qaeda. Estos son dos ejemplos paradigmáticos de la controversia entre dos discursos integristas como el wahabí y el salafista por el control del mundo musulmán.

La mayor radicalidad del discurso no se da en las mezquitas grandes a cargo de los imames plenamente identificados, sino en pequeños lugares de cultos ilegales y clandestinos, o centros islámicos de menor tamaño. Sin embargo, no es menos cierto que la financiación de Arabia Saudí de las principales mezquitas en España y en Europa legitima una visión rigorista del Islam desde los grandes centros de oración. El dinero saudí está en las mezquitas de Marbella, de Whitechapel (Londres), en la mezquita del Rey Fahd de Los Ángeles o de Saint-Etienne en Nantes. En el momento de la inauguración de la mezquita de la M30 los musulmanes moderados ya advertían del peligro de la implantación de la visión saudí del Islam: “Arabia Saudí pretende ser la representante verdadera del Islam, pero no lo practica”, afirmaba Jalifi Riadh, un profesor tunecino de jurisprudencia islámica, en un artículo de 1992 en “El País”.

La mano de Arabia Saudí en la propagación del discurso del odio es tolerada por parte de los responsables políticos. En mayo de 2016 fue permitido un sermón en el Centro Cultural Islámico de Cornellà en la mezquita Al Tauba del imam saudí Saleh Al Moghamsy. Este clérigo, responsable de la mezquita de Quba en Medina, ha llegado a defender la “santidad” de Osama bin Laden por encima de la de cualquier otro “infiel”.

Un informe del CNI al que tuvo acceso “El País” en el año 2011 advertía del escaso control que se tenía sobre el dinero que Arabia Saudí y Qatar, junto a otros 4 países como Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Libia y Marruecos enviaban a comunidades musulmanas y cómo acababan financiando organizaciones radicales y células islamistas. Nada ha servido para que la política exterior española cambie su postura frente a los petrodólares de las dinastías wahabitas.

La financiación de las mezquitas en España es solo una de las partes más evidentes del incesante flujo de dinero que las dictaduras de Arabia Saudí y Qatar usan para ampliar su influencia. Los negocios al más alto nivel y las fuertes inversiones de capital en empresas españolas, junto a los jugosos negocios que proporcionan estos países, hacen que se sea muy laxo con el discurso del odio que promueven y al que dan soporte.

Por Antonio Maestre (LaMarea.com)

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El precio de la tortura de un preso político en España

marcosmartc3adnponceposterEl 20 de julio de 2017 un agente judicial me notificaba en la prisión de Picassent (Valencia) la imposición de una multa de 600 euros, en relación a las torturas a las que fui sometido en noviembre de 2012 en el módulo de aislamiento de Sevilla-II. A esta multa (que se traduce en un mes más de prisión por insolvencia) hay que unir un año de cárcel adicional al considerar el Juzgado nº12 de Sevilla que yo fui el agresor de los carceleros. La realidad por la que pasé fue muy diferente.

Entre cuatro funcionarios, que acumulan incontables denuncias por malos tratos y torturas, tanto a presos políticos como a sociales, me dieron una paliza con porras, patadas, rodillazos, puñetazos… mientras me encontraba esposado y desnudo.

Justo antes de perder el conocimiento, la última imagen que recuerdo es cómo se codeaban entre ellos para ver quién cogía la mejor posición para golpear con más saña. Cuando recobré el conocimiento, estaba siendo arrastrado desnudo y esposado a la espalda, sin apenas un suspiro de energía para oponer resistencia… Sangrando por la boca.

Mis pies se deslizaban sobre mi propia sangre, dejando dos sucios bermellones por los pasillos de aislamiento, hasta llegar a una celda de castigo donde me ataron a un somier de acero, de pies, manos y cintura. En ese potro de tortura, mientras yo escupía sangre a borbotones, los funcionarios hacían lo propio con su odio de clase (como fieles mercenarios del capitalismo) a modo de insultos contra mi condición de preso político comunista.

El dolor en el pecho era insoportable cada vez que tosía. Uno de los carceleros comentó: “Habrá que atarlo boca abajo, no se vaya a ahogar con su propia sangre”.

Y así me dejaron durante 48 horas. Desnudo en pleno invierno, con la ventana abierta, orinándome encima. No recibí ni ropa, ni mantas, ni comida, ni agua. Cuando una ATS por fin se personó para levantar el informe médico, la celda de castigo se llenó de uniformados, con la clara intención de amedrentar a aquella joven. He de agradecer la fortaleza de aquella mujer, por priorizar su profesionalidad. En el parte médico, escribió: “Al menos una veintena de abrasiones en la espalda, claramente causadas por objetos contundentes, provocando un hematoma masivo generalizado por cuello, espalda, brazos y piernas. Igualmente, presenta un diente roto (con abundante sangrado), abrasiones en el rostro y un fuerte golpe en la frente”.

Un informe médico de esta índole sería más que suficiente en cualquier país de democracia burguesa para procesar a los carceleros y al director de la prisión, pero en el Estado Español la maquinaria represiva está bien engrasada contra sus enemigos políticos, por lo que el poder judicial tampoco se ha salido del guion establecido. Así es que lo que resulta relevante para sus señorías son los relatos de los torturadores, para los cuales – de repente – me convertí en un ser enajenado, violento y sin control, que no paraba de agredirles. Sin embargo, atendiéndonos al parte de lesiones de los funcionarios, tan solo uno de ellos presentaba “una tumefacción dolorosa a nivel del primer metacarpiano de la mano derecha”. O sea, que al señor funcionario nº 96.764 se le había ido la mano derecha… mientras los números 67.951, 96.980 y 36.178 optaron por utilizar el instrumental especializado.

Todas las cámaras del módulo de aislamiento grabaron lo sucedido, pero ni la jueza de instrucción de Morón de la Frontera, ni la del Juzgado de lo Penal nº12 de Sevilla tuvieron en cuenta mi denuncia, ni admitieron a trámite la petición de mi abogado para que la visualización de las cámaras sirviera como prueba principal para mi defensa (ya que mi denuncia ni siquiera fue admitida a trámite). Tampoco fue tenido en cuenta como prueba mi parte médico.

Para la jueza resultaba más que suficiente el cuento victimista de esos “grandes defensores de los Derechos Humanos”, como calificó a los carceleros que me torturaron al finalizar el juicio. “Los hechos declarados [dice el auto condenatorio] y probados se consideran acreditados por el conjunto de pruebas practicadas y ratificadas en el acto del juicio oral”. Y estas son las garantías constitucionales de un “juicio justo” en un régimen represivo: “En concreto, las firmes declaraciones de los funcionarios que tuvieron intervención en los hechos, los cuales han expuesto de manera coincidente, coherente y razonada la sucesión de los hechos, que culminó con la reducción e inmovilización del acusado”.

Entonces, ¿para qué tener en cuenta las pruebas objetivas o indagar si las denuncias de violación de los Derechos Humanos tienen algún fundamento, si los señores funcionarios ya habían relatado lo ocurrido? Todo queda en casa, ¿verdad, señora jueza? ¿Qué más da que otros presos políticos (como Arkaitz Bellon, al que estos mismos carceleros agredieron y el cual murió en una celda de aislamiento pocos meses después, y al que aprovecho para rendir homenaje) hubieran sido agredidos impunemente en ese mismo módulo de aislamiento? ¿Qué tendrá que ver que los juzgados mencionados estén copados con denuncias por torturas y malos tratos en la prisión de Sevilla II-Morón de la Frontera? ¿Qué más da que la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea haya señalado a Sevilla II como una cárcel bajo investigación, dada la gran cantidad de este tipo de denuncias que acumula? ¿Qué importa todo esto, si los torturadores hicieron “firmes declaraciones” y “han expuesto de manera coincidente” la “sucesión de los hechos”. Pues creo que, efectivamente, no queda mucho más que decir.

Únicamente la reflexión de que si estos son los más altos niveles de democracia y libertad que este sistema político está dispuesto a ofrecernos, será cuestión de cada cual (y del conjunto de todos nosotros) el atreverse a mirar de frente a la cruda realidad y decidir qué es lo que se tiene que hacer para que ningún preso político (ni social) vuelva a ser torturado o maltratado; siempre teniendo en cuenta que las prisiones son, tan solo, un eslabón más del sistema represivo de este Estado.

Por Marcos Martín Ponce

(preso político comunista)

Turismofobia, tu padre

Por Raúl Solís

Si denuncias que hay camareros cobrando 700 euros al mes por 12 horas de trabajo diarias, de las que sólo están dados de alta por 4 horas, es que odias el turismo; si denuncias que hay camareras de piso que acuden empastilladas a trabajar para poder limpiar 20 habitaciones diarias a 1’50 euros cada una, es que odias el turismo.

Si denuncias que los guiris borrachos se alojan en apartamentos ilegales y te vomitan en tu patio, es que odias el turismo; si denuncias que tu alquiler ha pasado de 500 euros al mes a 900, porque al casero le es más rentable alquilar la vivienda ilegalmente por días que por meses de manera legal, es que odias el turismo. Si denuncias que los antiguos pequeños comercios y bares de toda la vida de tu barrio ahora son franquicias donde pagan 700 euros al mes a los camareros con contratos parciales que se convierten en jornadas de sol a sol, es que odias el turismo.

Si estudiaste Turismo y estuviste viviendo en dos países varios años para perfeccionar tu nivel de idiomas y que ahora el hotel donde trabajas de recepcionista te paga 900 euros al mes, es que odias el turismo; si denuncias que estás harto de no poder salir de tu casa porque las manadas de turistas en fila india tienen bloqueado el portal de tu casa, es que odias el turismo.

Si denuncias que hay una burbuja turística que ha sustituido a la burbuja inmobiliaria, sostenida en bajos sueldos y expulsión de la población local de la ciudad, es que odias el turismo; si denuncias que es inmoral cobrar 100 euros por una habitación de hotel mientras se le paga 1’50 euros por limpiar una habitación a una camarera de piso o 700 euros al camarero que te sirve el desayuno, es que odias el turismo. Si denuncias que los beneficios del turismo, sector que no ha conocido la crisis y que aumenta anualmente sus beneficios en más de dos dígitos, se tienen que repartir de manera equilibrada entre trabajadores, empresarios y ciudades turísticas, es que odias el turismo.

Si denuncias que el turismo debe ser un sector de futuro y no sólo de presente, que los turistas merecen visitar sitios auténticos, con vida real, y no parques temáticos y que los habitantes locales merecen poder conjugar la vida en su ciudad con el turismo, es que odias el turismo. Si denuncias que un trabajador del sector turístico no puede disfrutar de una semana de vacaciones al año porque el salario que recibe no se lo permite, es que odias el turismo.

Es lo mismo que ocurría cuando se denunciaba que la burbuja inmobiliaria impedía que las familias normales pudieran acceder a una vivienda digna o que la construcción estaba destruyendo el patrimonio ambiental y el litoral de nuestro país. Los que lo odian todo, menos su deseo de acumular beneficios a costa de explotar recursos naturales, históricos y humanos, han encontrado en la “turismofobia” su palabra clave para no abrir un debate sereno y serio del que no podrán salir bien parados y que podría poner freno a su ansia desmedida por la acumulación de beneficios a costa de la salud de mujeres que acuden a trabajar drogadas para poder soportar los dolores que les producen mover carros de ropa sucia y limpiar 20 habitaciones en 4 horas. Turismofobia, tu padre.

Entrevista a Juan Ramos (14/4/1982): “El eurocomunismo reduce al militante a pegar carteles y pedir votos”

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Juan Ramos fue secretario general del PCC entre 1982 y 1988. Posteriormente fue secretario general del PCPE entre 1988 y 2002.

Juan Ramos Camarero, secretario general del Partido de los Comunistas de Cataluña (PCC) – formado a partir de una escisión del PSUC – nació hace 38 años en Íllora (Granada). Afincado en Cornellá de Llobregat (Barcelona), ejerció durante años su profesión de maestro industrial metalúrgico en la empresa “Siemens”, ingresando en la década de 1970 en Comisiones Obreras (CCOO) y en el PSUC, si bien trabajó dentro de los sindicatos verticales y fue a la vez jurado de su empresa. En ambos organismos ha desempeñado cargos de responsabilidad, ya que ha sido secretario general de la Confederación del Metal de CCOO, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de CCOO en Cataluña y del Consejo Confederal de CCOO. Perteneció al Comité Ejecutivo del PSUC hasta su expulsión en diciembre de 1981. Fue diputado en las Cortes de junio de 1977 y en la actual legislatura, dimitiendo para presentarse a las elecciones al Parlamento catalán, resultando diputado.

La aparición del Partido de los Comunistas de Cataluña (PCC) es consecuencia de la ruptura del partido que más acendradamente había venido proponiendo la unidad de la izquierda. ¿No es ello una contradicción?

En modo alguno, porque no hemos sido nosotros quienes hemos querido irnos, nos han echado y en ese sentido no nos incumbe la responsabilidad histórica. Pero además, se maneja frecuentemente un concepto falso de unidad. Hay, en primer lugar, alianzas que se establecen a nivel de coincidencias para la defensa de las libertades democráticas o del Estatuto, y en eso nos aliamos, sin hacerlo de forma vergonzante, con partidos como Convergència o ERC. Pero también hay alianzas de clase, con vistas a recuperar la hegemonía de la izquierda en Cataluña, perdida en las últimas elecciones, y estas alianzas no deben llevarse a cabo sino en función de propuestas políticas concretas, no en base a alianzas naturales con los socialistas, pongo por caso, porque no las hay. Unidad no puede significar en modo alguno dejación de principios políticos.

Cosa que, según el PCC, ha hecho el PSUC

En efecto, el proceso de la Transición se ha llevado a cabo bajo la hegemonía de la derecha. Eso, y la necesidad de llegar a amplias capas de la población, ha comportado que los partidos de izquierda – y también el PSUC – hayan hecho dejación de sus principios estratégicos para acentuar propuestas políticas que, desde un cierto oportunismo, constreñían la acción política al aparato del Estado olvidando al militante. Nosotros pretendemos no caer en ese electoralismo.

Sin embargo, el partido se presenta con vocación electoral y no testimonial

Naturalmente, porque no somos un partido marginal ni ajeno a Cataluña. Tenemos 7.500 militantes y podemos demostrarlo. Eso significa una implantación real en la sociedad. Y no decimos que vamos a recuperar los porcentajes de votos obtenidos hasta ahora porque la división del PSUC nos afectará negativamente, pero sí que creemos que podemos recuperar buena parte de la militancia perdida entre el año 1977 y la escisión.

Una pérdida de militancia considerable, ya que el PSUC llegó a contar con más de 40.000 carnés en 1978.

Sí, de 40.000 se pasó a 17.000 en el V Congreso del PSUC y a unos 12.000 o 13.000 en el momento de la escisión. Y eso es responsabilidad colectiva, no vamos a decir que exclusiva de los eurocomunistas, aunque ellos han tenido parte importante de culpa, porque el eurocomunismo representa un giro ideológico con consecuencias en el terreno organizativo. El eurocomunismo abandona la formación política e ideológica para hacer del militante un instrumento que pega carteles o pide votos. Nuestro reto es invertir eso y conseguir que el militante tenga vida de partido, aporte y discuta, que se sienta dirigente. Si lo conseguimos es seguro que quienes han abandonado la militancia aburridos, volverán.

¿Cuáles desearía que fueran sus relaciones con los partidos del Este?

De colaboración. No seríamos un partido serio si no mantuviéramos una actitud crítica frente a las experiencias socialistas.

Pero esa actitud no puede confundirse con hacer causa común con los imperialistas. No tenemos adhesiones ciegas, pero reconocemos el papel desempeñado por los países socialistas en el avance hacia el socialismo y en la lucha por la paz y el desarme a nivel mundial.

FUENTE: Diario “El País” (14 de abril de 1982)

España: estercolero de la derecha venezolana

Por Marcos Roitman Rosenmann

Odio y rencor, acompañado de violencia, es lo que destilan las derechas española y venezolana. En una dupla que no tiene parangón, el gobierno del Partido Popular (PP), acompañado por Ciudadanos – la cara amable de la nueva derecha española – junto con sectores del PSOE, se ha dado a la tarea de promover en territorio español las “guarimbas”, emergiendo una acción coordinada internacionalmente destinada a justificar una guerra civil, invasión o golpe de Estado en Venezuela. Estamos en presencia de una nueva escalada de las estrategias desestabilizadoras. La violencia se exporta a las calles de Madrid, Barcelona o Bilbao. “Cortan” el tráfico, agitan pancartas, persiguen a los diplomáticos, boicotean actos públicos, amenazan de muerte y promueven la violencia propia de un nazismo corriente.

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Guarimberos y derechistas hispano-venezolanos se concentran frente a un local dependiente de la Embajada de Venezuela en Madrid.

En Madrid, delegaciones de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular tuvieron una reunión con Albert Rivera, secretario general de Ciudadanos, a la cual se sumaron miembros del PP y dirigentes del PSOE. El objetivo era coordinar la estrategia a seguir en España para desarticular la red de apoyo al Gobierno Bolivariano de Venezuela. La reunión contó con el aval de María Corina Machado, Lilian Tintori y la cúpula de la MUD. Por parte de España, Felipe González y José María Aznar estaban al tanto. La escenificación fue un acto público, en el que se fotografiaron juntos Albert Rivera y los dirigentes venezolanos Isidora Zubillaga, Lester Toledo y Gabriel San Miguel, así como el padre de Leopoldo López. Dicho acto fue el pistoletazo de salida para la acción concertada de acoso al cuerpo diplomático venezolano y el boicot de actos realizados por organismos de derechos humanos, asociaciones, sindicatos, universidades y ONG destinadas a desenmascarar el origen de la violencia continuada y la estrategia de golpe de Estado desarrollado por la derecha venezolana.

Por su parte, el gobierno del PP se comprometía a garantizar la impunidad de los grupos movilizados desde Venezuela, adiestrados en estrategia y violencia callejera. Desde el Ministerio del Interior español se dieron órdenes a las delegaciones del gobierno para que las fuerzas de seguridad del Estado acudiesen tardíamente, en caso de ser requeridas por los convocantes a los actos, dando tiempo a los provocadores a realizar sus acciones. Algo inédito, ya que deberían hacerlo de oficio. Más si los violentos carecen de permiso, amenazan de muerte, cometen atentados contra el mobiliario urbano, etc. Es tanto como no actuar en caso de presenciar una violación, un robo o un asesinato, subrayando que “no tiene órdenes” (sic).

De esa guisa han sido los argumentos esgrimidos por la Policía española el jueves 11 de mayo, para permanecer impávidos ante el ataque a una sede de la Embajada de Venezuela, donde se celebraba un acto informativo del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado. Dicho local goza de la inviolabilidad diplomática, acorde con la Convención de Viena para el cuerpo diplomático.

Sin embargo, en una manifestación no autorizada de la derecha venezolana y española se permitió a los convocantes el lujo de lanzar objetos, increpar a los asistentes, llamarlos “asesinos”, amenazarlos de muerte, agredirlos, estar a menos de dos metros de la entrada, impidiendo el paso a quienes democrática y libremente deseábamos escuchar a las víctimas de las guarimbas, que previamente se habían reunido con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien oficialmente manifestó su apoyo y prometió hacer gestiones para esclarecer la verdad y hacer justicia. El acto, donde estaban el embajador y buena parte del personal diplomático venezolano, además de académicos, invitados y miembros de asociaciones civiles, sería una explicación de tres víctimas de las guarimbas, encabezados por Desirée Cabrera, portavoz de las víctimas, cuyo bebé se encontraba en la guardería del Ministerio de Vivienda cuando los violentos asaltaron las dependencias y prendieron fuego. También participaba la madre del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ramzor Bracho Bravo, asesinado por francotiradores cuando se aprestaba a rescatar a un compañero agredido por las guarimbas, mientras quemaban basuras y mobiliario urbano. Por último, tomó la palabra Germán Óscar Carrero, quien perdió una mano al protegerse de una bomba mientras escoltaba ambulancias y medicinas trasladadas al depósito de CorpoSalud. En definitiva, víctimas de la violencia y la sedición de la derecha venezolana.

Sin embargo, desde la calle, en Madrid, lideradas por Isidora Zubillaga – coordinadora de Voluntad Popular y mano derecha de Lilian Tintori en España – la misma que se había reunido con Albert Rivera, responsable de promover las acciones, nos llamaba “asesinos” y desconocía el carácter de víctimas de los invitados, arengando a boicotear y agredir a los asistentes al acto. El responsable del operativo policial y los GEO, número de placa 96983, con quien mantuve esporádicas conversaciones, afirmaba que la delegación del Gobierno español había dado órdenes de no intervenir. Todo ello transcurría amenazando a ciudadanos españoles y extranjeros, impidiéndoles el paso al acto, dando puñetazos a los coches, “cortando” el tráfico y violando territorio diplomático. Mientras se escuchaban gritos de “¡Franco, Franco, Franco!” y “¡Ustedes serán nuestras víctimas!”

Claro, no eran locales diplomáticos pertenecientes a las embajadas de Israel o EEUU. Durante 6 horas los manifestantes permanecieron sin ser molestados, garantizando la maniobra de estrangulamiento y acoso. Hoy, esta estrategia, puesta en marcha en colaboración con España, se extiende por América Latina. Lo vemos en Panamá, donde la decisión de su gobierno ha sido amenazar con expulsar a los venezolanos que protesten de forma violenta. En España se han abonado a la sedición, el apoyo a la desestabilización y la violencia, promoviendo el asesinato y alegrándose de las muertes cometidas por sus aliados, compañeros y amigos de la infamia. La conclusión es obvia: las derechas se unen en contra de la democracia.