La fracción juvenil de Ástor García presenta unos estatutos falsos ante el Ministerio del Interior

375px-Logo_J-PCPEMuchas son las pruebas que a día de hoy nos llegan de la magnitud de la traición y las maniobras que tuvimos que sufrir por parte de los fraccionalistas hace meses. Por si todo lo dicho anteriormente no dejara claro el perfil de sus representantes, un nuevo hecho sacado a la luz refleja muy bien lo que son, porque como ya hicieran sus mayores fraccionarios, presentaron unos estatutos falsos ante el Ministerio del Interior, saltándose así cualquier criterio de soberanía de la militancia y riéndose una vez más de nosotros con vistas a quedar en una buena posición legal que les permitiera abordar la fracción con mejores garantías, en este caso robándonos el logo histórico de los CJC y apropiándose de sus siglas.

Unos estatutos son un conjunto de principios y normas para un Partido Comunista. Un marco de actuación elegido por la militancia en su Congreso cuyo contenido es inamovible en tanto la militancia no apruebe su modificación. La traición de la fracción a la militancia no se ha hallado sólo en la falta de escrúpulos o de principios a la hora de maniobrar para conseguir poder dentro del PCPE o los CJC, sino en la total complacencia con el Estado, su plena capacidad para integrarse al propio sistema y no suponer ninguna amenaza para el mismo.

Partiendo de la base de que son unos estatutos que nada o poco tienen que ver con los aprobados en el IX Congreso de los CJC, encontramos algunos rasgos significativos que pueden acercarnos a una valoración política de hacia dónde quieren redirigir algunos elementos ajenos al marxismo-leninismo a una organización con una trayectoria de lucha histórica en el Estado Español y que, a pesar de lo que muchas y muchos han pensado, nunca ha sido una anécdota en la lucha de clases. Así, hoy queda mucho más claro el por qué tras un año de la celebración del IX Congreso, la militancia de las bases aún no conocía los estatutos ni las tesis aprobadas.

En primer lugar, marcar el abierto carácter antidemocrático de la fracción al presentar unos estatutos que no han sido votados en ningún Congreso ni debatidos por parte de la militancia. Estos estatutos presentados son más propios de una sociedad mercantil que de una organización comunista, y tienen como objetivo presentarse ante el Estado como una organización mansa que no pone en peligro sus intereses de clase y, por tanto, ganar puntos para mantener las siglas.

Ya desde el inicio vemos cómo en la definición de los CJC dejan totalmente al margen los principios por los que se rige (“Los CJC se rigen por el centralismo democrático, usando el marxismo-leninismo; ciencia materialista y dialéctica, para analizar, conocer y transformar la realidad…”), la propuesta estratégica (“la dictadura del proletariado, base para la construcción del socialismo y el comunismo en España”) o su vinculación con el PCPE, partido por el que fueron creados y que dirige su estrategia política.

Por otro lado, se hace una exposición de las actividades, donde queda clara la intención de dejar a los CJC en un reducto de actividad estudiantil y sindical, dejando al margen el resto de frentes en los que la juventud de extracción obrera y popular se organiza para hacer frente a las distintas formas de explotación a las que no se somete el sistema capitalista, como pueden ser el feminista, el anti-imperialista o el ecologista.

Al tratar los distintos órganos, es chocante ver cómo una organización que se reclama “heredera de las mejores tradiciones de lucha comunista” cambia por “Asamblea General” y “Junta Directiva” los órganos políticos de los que se compone cualquier organización comunista como son el Comité o Consejo Central y el Secretariado. Como comentábamos al principio del artículo, es más propio de una empresa privada que de una organización revolucionaria.

Lo mismo podemos observar al sustituir la figura del o de la militante por la de mero “socio”, como si de una asociación de juegos de mesa estuviésemos hablando. La figura del y de la militante diferencia a una organización de otra. En los partidos de la socialdemocracia existe la figura del afiliado o afiliada, con una función prácticamente recaudativa, no son personas que construyan el Partido desde la base, debatan y estudien la línea política de su Partido, participen activamente en sus actividades o participen en los frentes de masas organizando a la clase trabajadora en la lucha por el poder obrero.

Todo esto deja muy claro su perfil y nos abre bien los ojos para, en el futuro, no cometer los mismos errores y convertirnos, de verdad, en la Juventud Comunista que el PCPE necesita y que la clase obrera y los estudiantes de este país mercen.

Comité Estatal de Dirección de la Juventud del PCPE (J-PCPE)

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Nota del PCP ante el encarcelamiento de dirigentes políticos de Cataluña

pcp_logoAnte la gravedad de las medidas represivas que están padeciendo dirigentes políticos y miembros del gobierno regional de Cataluña, el Partido Comunista Portugués (PCP) considera que tales medidas constituyen una inaceptable manifestación de intolerancia antidemocrática que en nada contribuye a la solución de la compleja cuestión nacional de España, sino que tiende a complicarla y agravarla.

El PCP expresa su preocupación respecto a la instrumentalización de la cuestión catalana para, una vez más, sofocar los justos sentimientos de identidad nacional y reforzar posiciones centralistas autoritarias tan del gusto del gran capital español.

El PCP observa con preocupación que la escalada de hechos consumados y la ausencia de una solución política democrática tiende a aumentar las graves consecuencias sociales de la política del gobierno de Madrid dirigido por el PP, así como del gobierno catalán.

El PCP condena firmemente la promoción de valores nacionalistas reaccionarios y la acción de sectores fascistas franquistas que durante décadas han oprimido a los pueblos de España, situación tanto o más preocupante que se encuadra en la deriva que se produce en la Unión Europea tendente a limitar y atacar derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

El PCP considera necesario que, en el respeto a la Constitución de la República Portuguesa, los órganos de soberanía de Portugal en ningún modo acompañen ni alimenten, como lamentablemente ha hecho el gobierno, cualquier deriva autoritaria del gobierno y del Estado Español.

El PCP reitera su opinión de que la solución para la cuestión nacional en España deberá encontrarse en el plano de una solución política, que integre en el marco de una respuesta más general que asegure los derechos sociales y otros derechos democráticos de los trabajadores y de los pueblos de España, incluido el catalán.

Gabinete de Prensa del PCP

3 de Noviembre de 2017

Comunicado de Poble Lliure tras la aplicación del 155 ante la situación en Catalunya

poblelliure-logo_transEl Gobierno español, con el apoyo de los partidos que apuntalan el régimen corrupto surgido de la Transición post-franquista, ha apostado por la “solución final” respecto al reto democrático planteado por el pueblo catalán: el golpe de Estado y la liquidación de la democracia.

La pretensión de destituir al legítimo Gobierno catalán, intervenir los medios de comunicación, amenazar a los trabajadores públicos y purgar la administración, destruir el sistema educativo y convocar nuevas elecciones prohibiendo determinadas opciones política, después de encarcelar a líderes independentistas catalanes, solamente tiene un nombre: FASCISMO.

Esta no ha sido solamente la respuesta de un gobierno, sino la de todo un aparato de Estado, comenzando por un rey de la dinastía que accedió por primera vez a la corona arrasando los Països Catalans a sangre y fuego, y que se restauró por decisión del dictador Francisco Franco. Continuando por una judicatura y unos tribunales de excepción herederos del régimen fascista. Y acabando con unos medios de comunicación puestos alrededor del mundo como ejemplo de manipulación y de falta absoluta de credibilidad.

estelada-grogaComo el independentismo llevaba denunciando desde hace décadas, el régimen de 1978 no era nada más que un lavado de cara al régimen de 1939 (la dictadura franquista y sus oligarcas) y, ahora, con un pueblo catalán movilizado de manera masiva, cívica y democrática, no ha tenido más remedio que mostrar su verdadera cara.

Llegados a este punto, se hace evidente que la única manera de avanzar en el camino de la democracia y de defender los derechos, libertades e instituciones de nuestro pueblo frente a los intentos de aniquilación política, social y cultural es la inmediata proclamación de la República Catalana.

Proclamación que, ante la vergonzosa actuación de los burócratas de la Unión Europea – un club cada vez más antidemocrático y dispuesto a proteger solamente los intereses de las oligarquía – deberá ser defendida con las mismas grandes dosis de movilización popular: cívica y masiva que nos ha traído hasta donde nos encontramos: a un paso de la libertad.

La desobediencia civil, un pueblo unido y movilizado en defensa de sus instituciones, y el apoyo de todos los demócratas alrededor del mundo, harán posible una República que no solamente será la herramienta para construir un futuro de justicia y libertad para el pueblo catalán, sino que supondrá una puerta abierta a la democracia para el resto de pueblos actualmente oprimidos por el régimen monárquico y post-franquista español:

Así, desde Poble Lliure:

  • Emplazamos al Govern y al Parlament de Catalunya a proclamar inmediatamente la República Catalana, tal y como disponen las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica aprobadas los días 6 y 7 de septiembre, y después de la victoria aplastante del “Sí” el día 1 de Octubre.
  • Llamamos al conjunto del pueblo catalán, nuestras entidades, sindicatos y sociedad civil en general a la movilización en defensa de nuestras instituciones, de la República Catalana, por la salida de las fuerzas de ocupación españolas, por la libertad de los presos políticos y para abrir el proceso constituyente de la nueva República.
  • Llamamos a los gobiernos democráticos de todo el mundo, a las organizaciones internacional y a las fuerzas progresistas a reconocer inmediatamente a la República Catalana, a denunciar la represión y a promover sanciones y boicots contra la deriva fascista del Estado Español.

Barcelona, Països Catalans

22 de Octubre de 2017

(Puedes leer el comunicado original en catalán haciendo click AQUÍ)

El dinero del wahabismo de Arabia Saudí y Qatar en España (parte 1)

Una de las causas más importantes para evitar el odio a los musulmanes es identificar correctamente a los responsables de que el discurso integrista y radical cale entre algunos de sus miembros. Tan irresponsable es incidir en la generalización sobre los musulmanes como pasar por alto la importancia de ideologías religiosas intolerantes que financian, promueven y difunden un mensaje de odio que no tiene cabida en una sociedad abierta y democrática. El wahabismo y el salafismo son dos corrientes diferentes sunníes pero imbricadas por un mismo concepto: el takfirismo, que significa la expulsión del distinto, no concebir al resto de musulmanes como “verdaderos” y el rechazo al que no practica ni su religión ni su misma acepción de la misma. En esencia, el wahabismo y el salafismo son discursos de odio.

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El Rey de España, Felipe VI, durante una de sus más recientes visitas de Estado a Arabia Saudí.

Arabia Saudí es, junto a Qatar, uno de los países difusores más importantes de la corriente fundamentalista del wahabismo. La visión del Islam wahabí de su profeta Muhammad ibn Abd Al-Wahhab, que data del siglo XVIII, preconizaba un ideario mucho más riguroso para todos aquellos musulmanes que según él se habían desviado del verdadero mensaje del Islam. La unión de esa visión integrista del Islam y Arabia Saudí se dio en el año 1744 por el acuerdo pactado entre el predicador y Muhammad bin Saud, fundador de la dinastía Saud a la que hoy pertenecen los sátrapas del Estado actual de Arabia Saudí.

“La exportación por parte de Arabia Saudí de una rama rígida, fanática, patriarcal y fundamentalista del Islam conocida como wahabismo, ha alimentado el extremismo global y contribuido al terrorismo”, analizaba Scott Shane en un artículo en “The New York Times”. La visión extrema del Islam coaligada con la dictadura saudí ejerce una dramática influencia sobre el yihadismo dependiente de la corriente salafista, que persigue devolver La Meca a unos postulados utópicos de “pureza” islámica.

Por ello, paradójicamente, el terrorismo de raíz salafista actual es una serpiente venenosa creada por la visión dogmática de la religión que alimentan los Estados wahabitas de Arabia Saudí y Qatar, y que creció con el anti-imperialismo, pero que no dudaría en matar a su creador si tuviera la oportunidad de conquistar La Meca.

Wahabismo en España

La mezquita de la M-30 (o Centro Cultural Islámico de Madrid) fue inaugurada el 21 de septiembre de 1992 con la presencia del entonces rey saudí Salman ben Abdelaziz y el entonces rey español Juan Carlos I. La inauguración se produjo 11 años después de un acuerdo al que habían llegado 18 países musulmanes con presencia diplomática en España y sólo después de que el rey Fahd de Arabia Saudí hubiera puesto 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) para la construcción del complejo de 6 plantas y más de 12.000 metros cuadrados.

El actual imam de la M30, Hussam Khoja, se ha pronunciado en diferentes ocasiones en contra de la violencia y contra la visión integrista y rigorista que nutre a los terroristas salafistas y el Estado Islámico, enarbolando su independencia ante el dinero wahabí que financia la mezquita pero ejerciendo el discurso implantado y gestionado desde la Liga del Mundo Islámico, la coalición islámica internacional que dirige la mezquita. El anterior imam, Moneir Mahmud, un sunní de nacionalidad egipcia que ejerció de profesor e imam en Arabia Saudí, siempre ha rechazado la influencia wahabí en su discurso y también sufrió el desprecio de los asistentes más radicales a su mezquita por sus discursos contra Abu Qutada, un clérigo radical próximo a Al Qaeda. Estos son dos ejemplos paradigmáticos de la controversia entre dos discursos integristas como el wahabí y el salafista por el control del mundo musulmán.

La mayor radicalidad del discurso no se da en las mezquitas grandes a cargo de los imames plenamente identificados, sino en pequeños lugares de cultos ilegales y clandestinos, o centros islámicos de menor tamaño. Sin embargo, no es menos cierto que la financiación de Arabia Saudí de las principales mezquitas en España y en Europa legitima una visión rigorista del Islam desde los grandes centros de oración. El dinero saudí está en las mezquitas de Marbella, de Whitechapel (Londres), en la mezquita del Rey Fahd de Los Ángeles o de Saint-Etienne en Nantes. En el momento de la inauguración de la mezquita de la M30 los musulmanes moderados ya advertían del peligro de la implantación de la visión saudí del Islam: “Arabia Saudí pretende ser la representante verdadera del Islam, pero no lo practica”, afirmaba Jalifi Riadh, un profesor tunecino de jurisprudencia islámica, en un artículo de 1992 en “El País”.

La mano de Arabia Saudí en la propagación del discurso del odio es tolerada por parte de los responsables políticos. En mayo de 2016 fue permitido un sermón en el Centro Cultural Islámico de Cornellà en la mezquita Al Tauba del imam saudí Saleh Al Moghamsy. Este clérigo, responsable de la mezquita de Quba en Medina, ha llegado a defender la “santidad” de Osama bin Laden por encima de la de cualquier otro “infiel”.

Un informe del CNI al que tuvo acceso “El País” en el año 2011 advertía del escaso control que se tenía sobre el dinero que Arabia Saudí y Qatar, junto a otros 4 países como Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Libia y Marruecos enviaban a comunidades musulmanas y cómo acababan financiando organizaciones radicales y células islamistas. Nada ha servido para que la política exterior española cambie su postura frente a los petrodólares de las dinastías wahabitas.

La financiación de las mezquitas en España es solo una de las partes más evidentes del incesante flujo de dinero que las dictaduras de Arabia Saudí y Qatar usan para ampliar su influencia. Los negocios al más alto nivel y las fuertes inversiones de capital en empresas españolas, junto a los jugosos negocios que proporcionan estos países, hacen que se sea muy laxo con el discurso del odio que promueven y al que dan soporte.

Por Antonio Maestre (LaMarea.com)

El precio de la tortura de un preso político en España

marcosmartc3adnponceposterEl 20 de julio de 2017 un agente judicial me notificaba en la prisión de Picassent (Valencia) la imposición de una multa de 600 euros, en relación a las torturas a las que fui sometido en noviembre de 2012 en el módulo de aislamiento de Sevilla-II. A esta multa (que se traduce en un mes más de prisión por insolvencia) hay que unir un año de cárcel adicional al considerar el Juzgado nº12 de Sevilla que yo fui el agresor de los carceleros. La realidad por la que pasé fue muy diferente.

Entre cuatro funcionarios, que acumulan incontables denuncias por malos tratos y torturas, tanto a presos políticos como a sociales, me dieron una paliza con porras, patadas, rodillazos, puñetazos… mientras me encontraba esposado y desnudo.

Justo antes de perder el conocimiento, la última imagen que recuerdo es cómo se codeaban entre ellos para ver quién cogía la mejor posición para golpear con más saña. Cuando recobré el conocimiento, estaba siendo arrastrado desnudo y esposado a la espalda, sin apenas un suspiro de energía para oponer resistencia… Sangrando por la boca.

Mis pies se deslizaban sobre mi propia sangre, dejando dos sucios bermellones por los pasillos de aislamiento, hasta llegar a una celda de castigo donde me ataron a un somier de acero, de pies, manos y cintura. En ese potro de tortura, mientras yo escupía sangre a borbotones, los funcionarios hacían lo propio con su odio de clase (como fieles mercenarios del capitalismo) a modo de insultos contra mi condición de preso político comunista.

El dolor en el pecho era insoportable cada vez que tosía. Uno de los carceleros comentó: “Habrá que atarlo boca abajo, no se vaya a ahogar con su propia sangre”.

Y así me dejaron durante 48 horas. Desnudo en pleno invierno, con la ventana abierta, orinándome encima. No recibí ni ropa, ni mantas, ni comida, ni agua. Cuando una ATS por fin se personó para levantar el informe médico, la celda de castigo se llenó de uniformados, con la clara intención de amedrentar a aquella joven. He de agradecer la fortaleza de aquella mujer, por priorizar su profesionalidad. En el parte médico, escribió: “Al menos una veintena de abrasiones en la espalda, claramente causadas por objetos contundentes, provocando un hematoma masivo generalizado por cuello, espalda, brazos y piernas. Igualmente, presenta un diente roto (con abundante sangrado), abrasiones en el rostro y un fuerte golpe en la frente”.

Un informe médico de esta índole sería más que suficiente en cualquier país de democracia burguesa para procesar a los carceleros y al director de la prisión, pero en el Estado Español la maquinaria represiva está bien engrasada contra sus enemigos políticos, por lo que el poder judicial tampoco se ha salido del guion establecido. Así es que lo que resulta relevante para sus señorías son los relatos de los torturadores, para los cuales – de repente – me convertí en un ser enajenado, violento y sin control, que no paraba de agredirles. Sin embargo, atendiéndonos al parte de lesiones de los funcionarios, tan solo uno de ellos presentaba “una tumefacción dolorosa a nivel del primer metacarpiano de la mano derecha”. O sea, que al señor funcionario nº 96.764 se le había ido la mano derecha… mientras los números 67.951, 96.980 y 36.178 optaron por utilizar el instrumental especializado.

Todas las cámaras del módulo de aislamiento grabaron lo sucedido, pero ni la jueza de instrucción de Morón de la Frontera, ni la del Juzgado de lo Penal nº12 de Sevilla tuvieron en cuenta mi denuncia, ni admitieron a trámite la petición de mi abogado para que la visualización de las cámaras sirviera como prueba principal para mi defensa (ya que mi denuncia ni siquiera fue admitida a trámite). Tampoco fue tenido en cuenta como prueba mi parte médico.

Para la jueza resultaba más que suficiente el cuento victimista de esos “grandes defensores de los Derechos Humanos”, como calificó a los carceleros que me torturaron al finalizar el juicio. “Los hechos declarados [dice el auto condenatorio] y probados se consideran acreditados por el conjunto de pruebas practicadas y ratificadas en el acto del juicio oral”. Y estas son las garantías constitucionales de un “juicio justo” en un régimen represivo: “En concreto, las firmes declaraciones de los funcionarios que tuvieron intervención en los hechos, los cuales han expuesto de manera coincidente, coherente y razonada la sucesión de los hechos, que culminó con la reducción e inmovilización del acusado”.

Entonces, ¿para qué tener en cuenta las pruebas objetivas o indagar si las denuncias de violación de los Derechos Humanos tienen algún fundamento, si los señores funcionarios ya habían relatado lo ocurrido? Todo queda en casa, ¿verdad, señora jueza? ¿Qué más da que otros presos políticos (como Arkaitz Bellon, al que estos mismos carceleros agredieron y el cual murió en una celda de aislamiento pocos meses después, y al que aprovecho para rendir homenaje) hubieran sido agredidos impunemente en ese mismo módulo de aislamiento? ¿Qué tendrá que ver que los juzgados mencionados estén copados con denuncias por torturas y malos tratos en la prisión de Sevilla II-Morón de la Frontera? ¿Qué más da que la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea haya señalado a Sevilla II como una cárcel bajo investigación, dada la gran cantidad de este tipo de denuncias que acumula? ¿Qué importa todo esto, si los torturadores hicieron “firmes declaraciones” y “han expuesto de manera coincidente” la “sucesión de los hechos”. Pues creo que, efectivamente, no queda mucho más que decir.

Únicamente la reflexión de que si estos son los más altos niveles de democracia y libertad que este sistema político está dispuesto a ofrecernos, será cuestión de cada cual (y del conjunto de todos nosotros) el atreverse a mirar de frente a la cruda realidad y decidir qué es lo que se tiene que hacer para que ningún preso político (ni social) vuelva a ser torturado o maltratado; siempre teniendo en cuenta que las prisiones son, tan solo, un eslabón más del sistema represivo de este Estado.

Por Marcos Martín Ponce

(preso político comunista)

Turismofobia, tu padre

Por Raúl Solís

Si denuncias que hay camareros cobrando 700 euros al mes por 12 horas de trabajo diarias, de las que sólo están dados de alta por 4 horas, es que odias el turismo; si denuncias que hay camareras de piso que acuden empastilladas a trabajar para poder limpiar 20 habitaciones diarias a 1’50 euros cada una, es que odias el turismo.

Si denuncias que los guiris borrachos se alojan en apartamentos ilegales y te vomitan en tu patio, es que odias el turismo; si denuncias que tu alquiler ha pasado de 500 euros al mes a 900, porque al casero le es más rentable alquilar la vivienda ilegalmente por días que por meses de manera legal, es que odias el turismo. Si denuncias que los antiguos pequeños comercios y bares de toda la vida de tu barrio ahora son franquicias donde pagan 700 euros al mes a los camareros con contratos parciales que se convierten en jornadas de sol a sol, es que odias el turismo.

Si estudiaste Turismo y estuviste viviendo en dos países varios años para perfeccionar tu nivel de idiomas y que ahora el hotel donde trabajas de recepcionista te paga 900 euros al mes, es que odias el turismo; si denuncias que estás harto de no poder salir de tu casa porque las manadas de turistas en fila india tienen bloqueado el portal de tu casa, es que odias el turismo.

Si denuncias que hay una burbuja turística que ha sustituido a la burbuja inmobiliaria, sostenida en bajos sueldos y expulsión de la población local de la ciudad, es que odias el turismo; si denuncias que es inmoral cobrar 100 euros por una habitación de hotel mientras se le paga 1’50 euros por limpiar una habitación a una camarera de piso o 700 euros al camarero que te sirve el desayuno, es que odias el turismo. Si denuncias que los beneficios del turismo, sector que no ha conocido la crisis y que aumenta anualmente sus beneficios en más de dos dígitos, se tienen que repartir de manera equilibrada entre trabajadores, empresarios y ciudades turísticas, es que odias el turismo.

Si denuncias que el turismo debe ser un sector de futuro y no sólo de presente, que los turistas merecen visitar sitios auténticos, con vida real, y no parques temáticos y que los habitantes locales merecen poder conjugar la vida en su ciudad con el turismo, es que odias el turismo. Si denuncias que un trabajador del sector turístico no puede disfrutar de una semana de vacaciones al año porque el salario que recibe no se lo permite, es que odias el turismo.

Es lo mismo que ocurría cuando se denunciaba que la burbuja inmobiliaria impedía que las familias normales pudieran acceder a una vivienda digna o que la construcción estaba destruyendo el patrimonio ambiental y el litoral de nuestro país. Los que lo odian todo, menos su deseo de acumular beneficios a costa de explotar recursos naturales, históricos y humanos, han encontrado en la “turismofobia” su palabra clave para no abrir un debate sereno y serio del que no podrán salir bien parados y que podría poner freno a su ansia desmedida por la acumulación de beneficios a costa de la salud de mujeres que acuden a trabajar drogadas para poder soportar los dolores que les producen mover carros de ropa sucia y limpiar 20 habitaciones en 4 horas. Turismofobia, tu padre.

Entrevista a Juan Ramos (14/4/1982): “El eurocomunismo reduce al militante a pegar carteles y pedir votos”

juan ramos
Juan Ramos fue secretario general del PCC entre 1982 y 1988. Posteriormente fue secretario general del PCPE entre 1988 y 2002.

Juan Ramos Camarero, secretario general del Partido de los Comunistas de Cataluña (PCC) – formado a partir de una escisión del PSUC – nació hace 38 años en Íllora (Granada). Afincado en Cornellá de Llobregat (Barcelona), ejerció durante años su profesión de maestro industrial metalúrgico en la empresa “Siemens”, ingresando en la década de 1970 en Comisiones Obreras (CCOO) y en el PSUC, si bien trabajó dentro de los sindicatos verticales y fue a la vez jurado de su empresa. En ambos organismos ha desempeñado cargos de responsabilidad, ya que ha sido secretario general de la Confederación del Metal de CCOO, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de CCOO en Cataluña y del Consejo Confederal de CCOO. Perteneció al Comité Ejecutivo del PSUC hasta su expulsión en diciembre de 1981. Fue diputado en las Cortes de junio de 1977 y en la actual legislatura, dimitiendo para presentarse a las elecciones al Parlamento catalán, resultando diputado.

La aparición del Partido de los Comunistas de Cataluña (PCC) es consecuencia de la ruptura del partido que más acendradamente había venido proponiendo la unidad de la izquierda. ¿No es ello una contradicción?

En modo alguno, porque no hemos sido nosotros quienes hemos querido irnos, nos han echado y en ese sentido no nos incumbe la responsabilidad histórica. Pero además, se maneja frecuentemente un concepto falso de unidad. Hay, en primer lugar, alianzas que se establecen a nivel de coincidencias para la defensa de las libertades democráticas o del Estatuto, y en eso nos aliamos, sin hacerlo de forma vergonzante, con partidos como Convergència o ERC. Pero también hay alianzas de clase, con vistas a recuperar la hegemonía de la izquierda en Cataluña, perdida en las últimas elecciones, y estas alianzas no deben llevarse a cabo sino en función de propuestas políticas concretas, no en base a alianzas naturales con los socialistas, pongo por caso, porque no las hay. Unidad no puede significar en modo alguno dejación de principios políticos.

Cosa que, según el PCC, ha hecho el PSUC

En efecto, el proceso de la Transición se ha llevado a cabo bajo la hegemonía de la derecha. Eso, y la necesidad de llegar a amplias capas de la población, ha comportado que los partidos de izquierda – y también el PSUC – hayan hecho dejación de sus principios estratégicos para acentuar propuestas políticas que, desde un cierto oportunismo, constreñían la acción política al aparato del Estado olvidando al militante. Nosotros pretendemos no caer en ese electoralismo.

Sin embargo, el partido se presenta con vocación electoral y no testimonial

Naturalmente, porque no somos un partido marginal ni ajeno a Cataluña. Tenemos 7.500 militantes y podemos demostrarlo. Eso significa una implantación real en la sociedad. Y no decimos que vamos a recuperar los porcentajes de votos obtenidos hasta ahora porque la división del PSUC nos afectará negativamente, pero sí que creemos que podemos recuperar buena parte de la militancia perdida entre el año 1977 y la escisión.

Una pérdida de militancia considerable, ya que el PSUC llegó a contar con más de 40.000 carnés en 1978.

Sí, de 40.000 se pasó a 17.000 en el V Congreso del PSUC y a unos 12.000 o 13.000 en el momento de la escisión. Y eso es responsabilidad colectiva, no vamos a decir que exclusiva de los eurocomunistas, aunque ellos han tenido parte importante de culpa, porque el eurocomunismo representa un giro ideológico con consecuencias en el terreno organizativo. El eurocomunismo abandona la formación política e ideológica para hacer del militante un instrumento que pega carteles o pide votos. Nuestro reto es invertir eso y conseguir que el militante tenga vida de partido, aporte y discuta, que se sienta dirigente. Si lo conseguimos es seguro que quienes han abandonado la militancia aburridos, volverán.

¿Cuáles desearía que fueran sus relaciones con los partidos del Este?

De colaboración. No seríamos un partido serio si no mantuviéramos una actitud crítica frente a las experiencias socialistas.

Pero esa actitud no puede confundirse con hacer causa común con los imperialistas. No tenemos adhesiones ciegas, pero reconocemos el papel desempeñado por los países socialistas en el avance hacia el socialismo y en la lucha por la paz y el desarme a nivel mundial.

FUENTE: Diario “El País” (14 de abril de 1982)