Nota del PCP ante el encarcelamiento de dirigentes políticos de Cataluña

pcp_logoAnte la gravedad de las medidas represivas que están padeciendo dirigentes políticos y miembros del gobierno regional de Cataluña, el Partido Comunista Portugués (PCP) considera que tales medidas constituyen una inaceptable manifestación de intolerancia antidemocrática que en nada contribuye a la solución de la compleja cuestión nacional de España, sino que tiende a complicarla y agravarla.

El PCP expresa su preocupación respecto a la instrumentalización de la cuestión catalana para, una vez más, sofocar los justos sentimientos de identidad nacional y reforzar posiciones centralistas autoritarias tan del gusto del gran capital español.

El PCP observa con preocupación que la escalada de hechos consumados y la ausencia de una solución política democrática tiende a aumentar las graves consecuencias sociales de la política del gobierno de Madrid dirigido por el PP, así como del gobierno catalán.

El PCP condena firmemente la promoción de valores nacionalistas reaccionarios y la acción de sectores fascistas franquistas que durante décadas han oprimido a los pueblos de España, situación tanto o más preocupante que se encuadra en la deriva que se produce en la Unión Europea tendente a limitar y atacar derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

El PCP considera necesario que, en el respeto a la Constitución de la República Portuguesa, los órganos de soberanía de Portugal en ningún modo acompañen ni alimenten, como lamentablemente ha hecho el gobierno, cualquier deriva autoritaria del gobierno y del Estado Español.

El PCP reitera su opinión de que la solución para la cuestión nacional en España deberá encontrarse en el plano de una solución política, que integre en el marco de una respuesta más general que asegure los derechos sociales y otros derechos democráticos de los trabajadores y de los pueblos de España, incluido el catalán.

Gabinete de Prensa del PCP

3 de Noviembre de 2017

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Comunicado de Poble Lliure tras la aplicación del 155 ante la situación en Catalunya

poblelliure-logo_transEl Gobierno español, con el apoyo de los partidos que apuntalan el régimen corrupto surgido de la Transición post-franquista, ha apostado por la “solución final” respecto al reto democrático planteado por el pueblo catalán: el golpe de Estado y la liquidación de la democracia.

La pretensión de destituir al legítimo Gobierno catalán, intervenir los medios de comunicación, amenazar a los trabajadores públicos y purgar la administración, destruir el sistema educativo y convocar nuevas elecciones prohibiendo determinadas opciones política, después de encarcelar a líderes independentistas catalanes, solamente tiene un nombre: FASCISMO.

Esta no ha sido solamente la respuesta de un gobierno, sino la de todo un aparato de Estado, comenzando por un rey de la dinastía que accedió por primera vez a la corona arrasando los Països Catalans a sangre y fuego, y que se restauró por decisión del dictador Francisco Franco. Continuando por una judicatura y unos tribunales de excepción herederos del régimen fascista. Y acabando con unos medios de comunicación puestos alrededor del mundo como ejemplo de manipulación y de falta absoluta de credibilidad.

estelada-grogaComo el independentismo llevaba denunciando desde hace décadas, el régimen de 1978 no era nada más que un lavado de cara al régimen de 1939 (la dictadura franquista y sus oligarcas) y, ahora, con un pueblo catalán movilizado de manera masiva, cívica y democrática, no ha tenido más remedio que mostrar su verdadera cara.

Llegados a este punto, se hace evidente que la única manera de avanzar en el camino de la democracia y de defender los derechos, libertades e instituciones de nuestro pueblo frente a los intentos de aniquilación política, social y cultural es la inmediata proclamación de la República Catalana.

Proclamación que, ante la vergonzosa actuación de los burócratas de la Unión Europea – un club cada vez más antidemocrático y dispuesto a proteger solamente los intereses de las oligarquía – deberá ser defendida con las mismas grandes dosis de movilización popular: cívica y masiva que nos ha traído hasta donde nos encontramos: a un paso de la libertad.

La desobediencia civil, un pueblo unido y movilizado en defensa de sus instituciones, y el apoyo de todos los demócratas alrededor del mundo, harán posible una República que no solamente será la herramienta para construir un futuro de justicia y libertad para el pueblo catalán, sino que supondrá una puerta abierta a la democracia para el resto de pueblos actualmente oprimidos por el régimen monárquico y post-franquista español:

Así, desde Poble Lliure:

  • Emplazamos al Govern y al Parlament de Catalunya a proclamar inmediatamente la República Catalana, tal y como disponen las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica aprobadas los días 6 y 7 de septiembre, y después de la victoria aplastante del “Sí” el día 1 de Octubre.
  • Llamamos al conjunto del pueblo catalán, nuestras entidades, sindicatos y sociedad civil en general a la movilización en defensa de nuestras instituciones, de la República Catalana, por la salida de las fuerzas de ocupación españolas, por la libertad de los presos políticos y para abrir el proceso constituyente de la nueva República.
  • Llamamos a los gobiernos democráticos de todo el mundo, a las organizaciones internacional y a las fuerzas progresistas a reconocer inmediatamente a la República Catalana, a denunciar la represión y a promover sanciones y boicots contra la deriva fascista del Estado Español.

Barcelona, Països Catalans

22 de Octubre de 2017

(Puedes leer el comunicado original en catalán haciendo click AQUÍ)

La situación en el Rif

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Manifestantes portan una bandera amazigh (bereber) durante las protestas en la ciudad de Alhucemas (mayo de 2017)

La situación en el Rif, así como en el resto de Marruecos, es intolerable. El declive ha sido tal que ha alcanzado todos los niveles: políticos, económicos, sociales y culturales.

Lo que es conocido tanto dentro como fuera del país como una revuelta popular no es más que la consecuencia del sufrimiento causado por una crisis económica que afecta a las capas sociales más desfavorecidas: a los pobres, a los trabajadores, a los marginados.

Este levantamiento es el producto necesario de la lucha de clases, de la brutal diferencia de recursos entre pobres y ricos. Hoy en día es esencial plantearse de manera firme quién es el responsable de esta situación tan miserable que está sufriendo la gente.

La responsabilidad de todo esto recae en la élite burguesa, conocida popularmente como “Majzen”, que dirige Marruecos desde la independencia. Esta élite ejerce como una mafia que actúa como agente del imperialismo, especialmente de Francia.

Las causas de este levantamiento

Hay muchos factores que se solapan detrás de la continuidad de este movimiento rifeño, ya sean históricos, políticos, sociales o económicos.

Históricamente, este movimiento que afecta a la población del norte de Marruecos es diferente a los anteriores. Ha sido precedido por las protestas del Movimiento “28 de Febrero”, las movilizaciones de los médicos, los profesores en prácticas y las protestas en Tánger contra la empresa hidroeléctrica local.

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Abd el Krim al-Khattabi fue presidente de la República del Rif entre 1921 y 1926. Se enfrentó a una fuerza conjunta hispano-francesa que desembarcó en Alhucemas en 1925, sofocando la rebelión anticolonialista.

El norte marroquí es un ejemplo de resistencia, cuyo símbolo es Abd el Krim al-Khattabi, quien derrotó a los colonialistas españoles y franceses. Este bagaje es una fuente moral y un orgullo para la gente del Rif en sus justas reivindicaciones. Esta zona fue golpeada muchas veces por el poder del Estado, hasta estos momentos.

A nivel político, el entramado resulta tremendamente complicado para alguien de fuera de Marruecos, ya que hay partidos a decenas que representan todos los espectros y orientaciones políticas. Esto lleva a preguntarse cómo puede haber elecciones democráticas en un país con una participación del 20%, cuando esto significa que el 80% de la población desconfía totalmente de dichas organizaciones y del sistema que representan.

La población se mantiene al margen de la vida política, pues vive en un Estado cuyo gobierno está compuesto por partidos de ideologías contrarias. En el gobierno actual, formado por 6 partidos, ejerce la dirección un partido islamista y ocupan varios ministerios miembros del “sucesor” del antiguo Partido Comunista de Marruecos (PPS).

A nivel social, la situación que viven las diferentes zonas de Marruecos se ha vuelto insostenible. El desempleo supera el 60% en muchos lugares, la carestía de la vida se ha visto marcada por un constante aumento de los precios y un consecuente incremento de la pobreza, ha derivado en la destrucción de puestos de trabajo en el sector público, privatizaciones en la enseñanza y otras medidas demoledoras han llevado al país a estas justas movilizaciones reivindicativas.

Actualmente, la sociedad marroquí está dividida entre una minoría muy rica y una mayoría extremadamente empobrecida. Esta situación se vuelve incomprensible en un país tan rico en materias primas tales como fosfatos, bancos de pesca con un litoral de 3.600 kilómetros, minas de oro y plata, riquezas agrícolas, etc. Sin embargo, esta vasta riqueza tiene un dueño: y es la oligarquía, las élites gobernantes.

Estos motivos han forzado a la gente a salir a la calle, reclamando sus derechos en educación, sanidad, trabajo, una distribución justa de la riqueza y terminar con la militarización de esta zona oprimida.

El participante en este movimiento es el pueblo, los marginados, los pobres. Y como pilar de este hecho, se encuentra la mujer del Rif. Ella tiene una participación fundamental en esta lucha, encontrándose en la dirección y a la cabeza de este movimiento, y este hecho ha sido reconocido por todas las organizaciones de izquierda marroquíes.

Las mujeres cuentan con el apoyo incondicional de los partidos de la llamada “extrema izquierda” como Vía Democrática o el Partido de la Vanguardia Socialista, el partido de Mehdi ben Barka, así como con el apoyo de los tres principales sindicatos y de las organizaciones de Derechos Humanos marroquíes. Además, cuentan con el respaldo y la solidaridad tanto del Frente Popular para la Liberación de Palestina como del Frente Popular de Túnez.

Si el pueblo no lucha por sus derechos vivirá como esclavo al servicio del amo, y ese yugo será de por vida. Una revuelta popular pacífica ha puesto al sistema en jaque, porque el pueblo marroquí sabe que si se mantienen de rodillas, rechazando la lucha contra sus opresores, jamás podrán conseguir nada.

Por Fayed Badawi

(Extraído de “Unidad y Lucha”, órgano del PCPE)

El precio de la tortura de un preso político en España

marcosmartc3adnponceposterEl 20 de julio de 2017 un agente judicial me notificaba en la prisión de Picassent (Valencia) la imposición de una multa de 600 euros, en relación a las torturas a las que fui sometido en noviembre de 2012 en el módulo de aislamiento de Sevilla-II. A esta multa (que se traduce en un mes más de prisión por insolvencia) hay que unir un año de cárcel adicional al considerar el Juzgado nº12 de Sevilla que yo fui el agresor de los carceleros. La realidad por la que pasé fue muy diferente.

Entre cuatro funcionarios, que acumulan incontables denuncias por malos tratos y torturas, tanto a presos políticos como a sociales, me dieron una paliza con porras, patadas, rodillazos, puñetazos… mientras me encontraba esposado y desnudo.

Justo antes de perder el conocimiento, la última imagen que recuerdo es cómo se codeaban entre ellos para ver quién cogía la mejor posición para golpear con más saña. Cuando recobré el conocimiento, estaba siendo arrastrado desnudo y esposado a la espalda, sin apenas un suspiro de energía para oponer resistencia… Sangrando por la boca.

Mis pies se deslizaban sobre mi propia sangre, dejando dos sucios bermellones por los pasillos de aislamiento, hasta llegar a una celda de castigo donde me ataron a un somier de acero, de pies, manos y cintura. En ese potro de tortura, mientras yo escupía sangre a borbotones, los funcionarios hacían lo propio con su odio de clase (como fieles mercenarios del capitalismo) a modo de insultos contra mi condición de preso político comunista.

El dolor en el pecho era insoportable cada vez que tosía. Uno de los carceleros comentó: “Habrá que atarlo boca abajo, no se vaya a ahogar con su propia sangre”.

Y así me dejaron durante 48 horas. Desnudo en pleno invierno, con la ventana abierta, orinándome encima. No recibí ni ropa, ni mantas, ni comida, ni agua. Cuando una ATS por fin se personó para levantar el informe médico, la celda de castigo se llenó de uniformados, con la clara intención de amedrentar a aquella joven. He de agradecer la fortaleza de aquella mujer, por priorizar su profesionalidad. En el parte médico, escribió: “Al menos una veintena de abrasiones en la espalda, claramente causadas por objetos contundentes, provocando un hematoma masivo generalizado por cuello, espalda, brazos y piernas. Igualmente, presenta un diente roto (con abundante sangrado), abrasiones en el rostro y un fuerte golpe en la frente”.

Un informe médico de esta índole sería más que suficiente en cualquier país de democracia burguesa para procesar a los carceleros y al director de la prisión, pero en el Estado Español la maquinaria represiva está bien engrasada contra sus enemigos políticos, por lo que el poder judicial tampoco se ha salido del guion establecido. Así es que lo que resulta relevante para sus señorías son los relatos de los torturadores, para los cuales – de repente – me convertí en un ser enajenado, violento y sin control, que no paraba de agredirles. Sin embargo, atendiéndonos al parte de lesiones de los funcionarios, tan solo uno de ellos presentaba “una tumefacción dolorosa a nivel del primer metacarpiano de la mano derecha”. O sea, que al señor funcionario nº 96.764 se le había ido la mano derecha… mientras los números 67.951, 96.980 y 36.178 optaron por utilizar el instrumental especializado.

Todas las cámaras del módulo de aislamiento grabaron lo sucedido, pero ni la jueza de instrucción de Morón de la Frontera, ni la del Juzgado de lo Penal nº12 de Sevilla tuvieron en cuenta mi denuncia, ni admitieron a trámite la petición de mi abogado para que la visualización de las cámaras sirviera como prueba principal para mi defensa (ya que mi denuncia ni siquiera fue admitida a trámite). Tampoco fue tenido en cuenta como prueba mi parte médico.

Para la jueza resultaba más que suficiente el cuento victimista de esos “grandes defensores de los Derechos Humanos”, como calificó a los carceleros que me torturaron al finalizar el juicio. “Los hechos declarados [dice el auto condenatorio] y probados se consideran acreditados por el conjunto de pruebas practicadas y ratificadas en el acto del juicio oral”. Y estas son las garantías constitucionales de un “juicio justo” en un régimen represivo: “En concreto, las firmes declaraciones de los funcionarios que tuvieron intervención en los hechos, los cuales han expuesto de manera coincidente, coherente y razonada la sucesión de los hechos, que culminó con la reducción e inmovilización del acusado”.

Entonces, ¿para qué tener en cuenta las pruebas objetivas o indagar si las denuncias de violación de los Derechos Humanos tienen algún fundamento, si los señores funcionarios ya habían relatado lo ocurrido? Todo queda en casa, ¿verdad, señora jueza? ¿Qué más da que otros presos políticos (como Arkaitz Bellon, al que estos mismos carceleros agredieron y el cual murió en una celda de aislamiento pocos meses después, y al que aprovecho para rendir homenaje) hubieran sido agredidos impunemente en ese mismo módulo de aislamiento? ¿Qué tendrá que ver que los juzgados mencionados estén copados con denuncias por torturas y malos tratos en la prisión de Sevilla II-Morón de la Frontera? ¿Qué más da que la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea haya señalado a Sevilla II como una cárcel bajo investigación, dada la gran cantidad de este tipo de denuncias que acumula? ¿Qué importa todo esto, si los torturadores hicieron “firmes declaraciones” y “han expuesto de manera coincidente” la “sucesión de los hechos”. Pues creo que, efectivamente, no queda mucho más que decir.

Únicamente la reflexión de que si estos son los más altos niveles de democracia y libertad que este sistema político está dispuesto a ofrecernos, será cuestión de cada cual (y del conjunto de todos nosotros) el atreverse a mirar de frente a la cruda realidad y decidir qué es lo que se tiene que hacer para que ningún preso político (ni social) vuelva a ser torturado o maltratado; siempre teniendo en cuenta que las prisiones son, tan solo, un eslabón más del sistema represivo de este Estado.

Por Marcos Martín Ponce

(preso político comunista)

La democracia bajo ataque en Polonia

Por Janusz Niedzwiecki

Miembro del partido político “Zmiana” (Cambio)

piskorski1En la mañana del 18 de mayo de 2016 agentes de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW) registraron los apartamentos de miembros de la dirección nacional del partido “Zmiana” (Cambio), requisando discos duros, archivadores, documentos, etc. Los registros tuvieron lugar en tres ciudades diferentes simultáneamente, y en algunos casos (como en nuestra oficina de Varsovia) con serias violaciones de los procedimientos y la ley. Los agentes de la ABW continuaron requisando los ordenadores, teléfonos y discos duros; así como todos nuestros libros, panfletos, carteles, sistemas de sonido que usamos en las manifestaciones, pancartas y banderas – no sólo de nuestro partido, sino banderas nacionales polacas también – para prevenir y dificultar cualquier acción política o protesta por nuestra parte. Algunos miembros de nuestro partido que no quisieron participar en las ilícitas actividades de la ABW fueron intimidados.

Consideramos este tipo de acción como una forma de represión política en un intento de amedrentar a los círculos que sostienen visiones diferentes de las políticas socio-económicas, internas y externas de Polonia firmadas por las autoridades neoconservadoras y pro-estadounidenses polacas.

El líder de “Zmiana”, Mateusz Piskorski, junto a organizaciones afines y grupos independientes, están actuando de acuerdo a la ley polaca a pesar del acoso por parte de las instituciones del Estado – como con la prolongación del procedimiento de registro del partido. La acción de la ABW es una brecha significativa de la ley y el orden, inaceptable en un Estado democrático que declara su respeto por la libertad de expresión.

Mateusz Piskorski es uno de los más importantes activistas anti-OTAN en Polonia, politólogo y cofundador del think-tank polaco “Centro Europeo para el Análsis Geopolítico”. Fue diputado en el Parlamento polaco (2005-2007) y ha abogado durante muchos años en favor de la cooperación euro-continental y contra la OTAN y la dominación norteamericana en Europa.

Mateusz Piskorski fue detenido y permanece arrestado bajo los cargos de “espionaje para un país extranjero”, con varias fuentes mediáticas extendiendo histéricamente las “noticias no confirmadas” de que trabajaba para los servicios de inteligencia de Rusia “y/o” China.

Esta acción coordinada a gran escala contra “Zmiana” se encuadra en una crecientemente tensa situación política en Polonia. Semanas antes de la detención de Piskorski, miembros del Partido Comunista de Polonia y de la Unión Patriótica de Trabajadores “Grunwald” fueron sentenciados a “libertad restringida” incluyendo servicios a la comunidad, multas e impedimentos para viajar por “promover el totalitarismo”. En consonancia con estos eventos, dos días antes de su detención Piskorski advirtió de que el Gobierno polaco trataría de “pacificar” a individuos y organizaciones de la oposición de cara a la cumbre de la OTAN que se celebró en Varsovia entre el 8 y el 9 de julio de 2016.

No podemos permitirnos ser silenciados o amedrentados – nuestras acciones pondrán siempre en primer lugar a la causa polaca y a la obligación de defenderla. Incluso si no les cuadra a los desenfrenados servicios secretos.

Si alguien quiere ayudarnos en cualquier cosa, que por favor se ponga en contacto con nosotros. Dadas las circunstancias de represión y a los limitados recursos de los que disponemos, cualquier ayuda será enormemente apreciada.

Le impiden impartir clases a un profesor en una universidad alemana por ser comunista

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El joven profesor declaró a la prensa que se está tratando de “demonizar a los comunistas”.

El joven Kerem Schamberger estudió Comunicación en la Universidad “Ludwig Maximilian” de Munich. Kerem pretendía iniciar un doctorado el pasado 1 de octubre Por lo general, los doctorados en Alemania se llevan a cabo mediante un contrato laboral, que incluye una parte de la investigación y otra de docencia en la universidad en la que se desarrolla.

El joven Schamberger, que tiene ahora 30 años, se ha visto impedido de iniciar una su relación laboral con dicha institución universitaria porque existe un decreto, con fecha de 1972, por el cual todos los funcionarios o personas que trabajan en el sector público deberán ser sometidas a un estricto control por parte del Estado, con objeto de vigilar su posible “radicalismo” político. Según el decreto mencionado, el joven aspirante a profesor universitario deberá ser autorizado por el Servicio de Inteligencia alemán para poder cumplir con la función a la que aspira.

La cuestión es que Schamberger no sólo es comunista, sino que además es portavoz del Partido Comunista Alemán (DKP) en Munich. Pese a que el DKP es ahora legal – estuvo ilegalizado en los tiempos de la República Federal Alemana – se encuentra, no obstante, bajo la atenta vigilancia de la Oficina Federal de Protección de la Constitución, que lo califica de “extremista”.

Las autoridades universitarias, que conocían la existencia de esta normativa represiva, así como la militancia de Kerem en el DKP, solicitaron desde el pasado mes de julio la autorización para el joven profesor.

Sin embargo, este organismo de control ciudadano, no se ha pronunciado aún sobre la fiabilidad ideológica de Schamberger. Ello le ha impedido iniciar sus tareas docentes en la Ludwig Maximilian.

Según el profesor Michael Meyen, director de tesis de Kerem, éste ha sido un alumno excelente y asegura que tiene interés en contratarle pero “no porque sea comunista, ni tampoco a pesar de ello”.

Kerem ha declarado que esa normativa es una exclusión práctica de la función docente para los comunistas, y ello supondría un hecho anticonstitucional ya que la Constitución alemana garantiza la elección de libre de una profesión.

El joven Schamberger declaró a la prensa que se trata de “demonizar a los comunistas”, y que medidas como estas intentan intimidar a quienes piensan de esa forma. “Conozco a jóvenes que querían entrar en el DKP pero se lo pensaron dos y tres veces antes de hacerlo, porque saben las consecuencias que puede tener en el caso de querer hacer carrera en el sector público”, declaró Schamberger a los medios de comunicación.

Sin embargo, no es la primera vez que Kerem Schamberger se ve en dificultades por sus ideas políticas. En 2014, el Commerzbank cerró sin previo aviso su cuenta bancaria. Kerem interpretó que detrás de esta acción existía una motivación política y no pudo hacer nada para impedirlo.

El llamado “Decreto Contra los Radicales” (Radikalenerlass) fue promulgado, por cierto, por el socialdemócrata Willy Brandt en 1972. En dicha ley se especifica que la fidelidad al orden constitucional vigente debe ser un requisito para poder trabajar en el sector público. Pertenecer a una organización catalogada por la inteligencia alemana como “peligrosa” para dicho orden era excluyente de la función pública.

En las décadas de 1950 y 1960, candidatos a funcionarios fueron rechazados por su ideología. Pero a partir del decreto dictado por el amigo de Felipe González, se mencionó dicho requisito explícitamente. No obstante, muchos nazis estrechamente comprometidos con el régimen hitleriano no sólo no fueron objeto de ninguna sentencia contra ellos en la posguerra, sino que además ocuparon cargos de primer rango en el aparato estatal de la República Federal Alemana.

FUENTE: Canarias Semanal

Genocidio armenio: la tragedia y la farsa

Por Atilio Borón

El Siglo del Horror, el XX, con sus bombas atómicas, el napalm, los bombardeos masivos y sus daños colaterales, es también y antes que nada el siglo del genocidio.

El primero fue perpetrado por el Imperio Otomano en contra de los armenios: un plan sistemático de terrorismo de Estado elaborado y ejecutado para exterminar a una minoría. O, como diríamos hoy, para efectuar una “limpieza étnica”. Si bien varían las estimaciones, se calcula que entre el 24 de abril de 1915 (fecha en que unos 800 intelectuales y artistas armenios fueron pasados por las armas) y 1923 fueron ultimados cerca de 1.500.000 hombres, mujeres y niños. Hubo antes un ensayo, en Adaná, en 1909, cuando 30.000 armenios fueron aniquilados impunemente. La indiferencia universal convenció a los fanáticos de que sus planes no tropezarían con obstáculo alguno y, en 1915, estallada la Primera Guerra Mundial, lo pusieron en marcha. Como el Imperio Otomano se alió a Alemania y Austria-Hungría, la derrota de éstas precipitó su catastrófico derrumbe, abriendo las puertas a la República. Pero sería la consolidación de la Revolución Rusa lo que pondría fin al martirio de los armenios.

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Este primer genocidio no alcanzó a conmover la conciencia de los líderes del “mundo libre”. Sólo después del Holocausto de los judíos la figura del genocidio quedaría incorporada al Derecho Penal Internacional, en 1948. Sin embargo, el armenio no goza de buena prensa y sigue soterrado bajo una espesa conspiración de silencio. La República de Turquía, como Estado sucesor del Imperio Otomano, ha hecho del “negacionismo” su divisa: el genocidio no existió. Armenia era la “quinta columna” de los rusos y los enfrentamientos bélicos, los desplazamientos y los infortunios propios de la guerra fueron los que produjeron las bajas. Si el genocidio fue una tragedia, el “negacionismo” es una farsa y una infamia casi tan dolorosa como las masacres que intenta encubrir.

La abierta complicidad del imperialismo explica el éxito de esta tentativa. Aliada estratégica de EEUU y miembro de la OTAN, Turquía ocupa un lugar principalísimo en el dispositivo militar norteamericano. Desde su territorio se vigila eficazmente a Rusia, como antes a la URSS; se monitorea el Mediterráneo Oriental y se controlan los altamente volátiles enclaves petroleros del Medio Oriente. Junto a Israel y Pakistán, Turquía es uno de los gendarmes privilegiados de Washington y la “ayuda militar” que le proporciona sólo es superada por la que se destina a Israel y Egipto. Según la Casa Blanca, el régimen de Ankara es “un aliado fundamental en la guerra global contra el terrorismo, la reconstrucción de Irak y Afganistán, y el establecimiento de una democracia pro-occidental en la región”. El informe de 2005 sobre DDHH del Departamento de Estado exalta las “elecciones libres y la democracia multipartidista turca”, pero debe reconocer que “pese a los progresos persisten todavía serios problemas en materia de derechos humanos: restricciones políticas; asesinatos ilegales (sic); torturas; detenciones arbitrarias; impunidad y corrupción; severas restricciones a la libertad de prensa, palabra, reunión y asociación; violencia contra las mujeres y tráfico de personas”.

¡Menos mal que hubo progresos en estas materias! Claro que tratándose de un aliado incondicional estas cuestiones no son importantes. En marzo de 2006 John Evans, a la sazón embajador estadounidense en Armenia, fue emplazado por la vitriólica señora Condoleezza Rice a rectificar sus imprudentes declaraciones formuladas en la Universidad de California-Berkeley reconociendo que las matanzas de 1915 se encuadraban en la definición de genocidio que hace la ONU. Evans violó un tabú y su franqueza le salió cara. Días después fue destituido de su cargo y con modales no precisamente diplomáticos.

El “negacionismo” turco no sólo encuentra un sólido apoyo en EEUU. Cuando en 2001 la Asamblea Nacional de Francia reconoció la existencia del genocidio armenio, el gobierno de Jacques Chirac se apresuró a “cajonear” lo resuelto por la Asamblea y a dejar sin efecto sus consecuencias. El reconocimiento del genocidio armenio es una penosa asignatura pendiente que requiere de urgente reparación. Los infatigables reclamos de la comunidad armenia a nivel internacional han impedido que el tema cayese completamente en el olvido. El tan anhelado ingreso de Turquía a la Unión Europea es una ocasión inmejorable para exigir el abandono de la política “negacionista”, especialmente cuando se comprueba que la perversa afición de los círculos gobernantes de Ankara por la “limpieza étnica” persiste hasta nuestros días. Sólo que las víctimas ahora son los kurdos: 3.000 aldeas fueron arrasadas en las décadas de 1980 y 1990, y 2.000.000 de kurdos fueron desplazados de sus lugares de residencia, prohibiéndoseles hablar en su lengua, poner nombres kurdos a sus criaturas y vestirse con los colores que los distinguen. El genocidio kurdo, también practicado por Saddam Hussein y con la anuencia de Washington, continúa con la complicidad y el beneplácito de los celosos custodios de la democracia y los derechos humanos a ambos lados del Atlántico Norte: los Bush, Blair, Berlusconi, Aznar y otros de su ralea, que hicieron de la duplicidad y la hipocresía su razón de Estado, condonando masacres y asesinatos a mansalva en la medida en que favorecieran sus intereses. Reconforta saber que la lucha de la diáspora armenia no ha sido en vano, y que más pronto que tarde la verdad y la justicia habrán de prevalecer. Hay gente valerosa en Turquía que se ha fijado las mismas metas. La novelista Elif Shafak es una de las tantas personas que luchan contra las mentiras oficiales: “Si hubiéramos sido capaces de reconocer las atrocidades cometidas contra los armenios – declaró hace poco – habría sido mjucho más difícil para el Gobierno turco cometer nuevas atrocidades contra los kurdos”. Dada la explosiva situación imperante en la región, convendría tomar nota de su observación y recordar que los genocidios del pasado siglo fueron posibles gracias a la complicidad del imperialismo y sus aliados.

Artículo publicado el 30 de abril de 2006.